Publicado 13 de junio 2025.

1. Introducción

Actualmente se discute en cuarto y último debate la revivida reforma laboral en el Senado de la República. De los 16 artículos frente a los cuales se mantienen profundas diferencias entre el sector gobiernista y la oposición, destaca el artículo sobre la remuneración y el tipo de contrato de los aprendices en Colombia. Este tema se aborda en el artículo 23 de la ponencia que hoy en día se discute en el Senado el cual propone la modificación del artículo 81 del CST buscando promover medidas para la formalización laboral, especialmente para jóvenes en esta etapa de formación, a través de una redefinición del contrato de aprendizaje, que ahora contempla dos modalidades: Formación tradicional y formación dual, además incorpora nuevas obligaciones tanto para las empresas como para las instituciones educativas.  

El nuevo texto propuesto, si bien busca alienar la formación técnica y tecnología con las necesidades del mercado laboral, también plantea múltiples desafíos jurídicos, operativos y económicos para los empleadores. A continuación, se presentan algunos de los puntos más relevantes:

• 1. Naturaleza del contrato. El texto actual del CST establece taxativamente que el contrato de aprendizaje no genera relación laboral ni obligación de pagar salario. La nueva propuesta elimina esta claridad, generando incertidumbre jurídica sobre si el apoyo de sostenimiento podría ser interpretado como salario, lo cual podría derivar en futuras reclamaciones laborales.

   

  2. Incrementos en el apoyo de sostenimiento. Se incrementa el mínimo en la fase lectiva del 50% al 75%, y se garantiza el 100% en la fase práctica sin depender de la tasa de desempleo y por último se fija una progresión obligatoria en la formación dual pasando del 75% al 100%.

   

  3. Mayor complejidad en la ejecución. Introduce nuevos conceptos como la “formación dual”, que exige que la planeación, ejecución y evaluación del proceso formativo se haga de manera conjunta entre la empresa y la institución educativa. Esto, podría representar una mayor carga adminsitrativa y operativa para el empresario quien deberá asumir un rol mas activo.

   

  4. Incertidumbre jurídica. El artículo 81 del CST actualmente establece que, los contratos de aprendizaje que ya estaban en marcha no se verían afectados por los cambios que se realizaron en su momento. Sin embargo, el nuevo texto propuesto, omite cualquier mención sobre la transición o aplicación a los contratos vigentes.

   

  5. Cambios en el régimen de Seguridad Social. En el régimen de aprendices actual, estos son considerados como trabajadores independientes, motivo por el cual solo están afiliados a salud y riesgos laborales (ARL), sin incluir el componente pensional. Esta afiliación varía según la etapa del contrato de aprendizaje: Durante la etapa lectiva, únicamente deben estar afiliados al sistema de salud, mientras que en la etapa práctica se exige su afiliación tanto a salud como a riesgos laborales (ARL). Por el contrario, el nuevo texto los reconoce como trabajadores dependientes y establece la obligación de afiliarlos, sin importar la etapa (lectiva o práctica), a salud, pensión y riesgos laborales (ARL).

   

  6. Evaluación y seguimiento adicional. Se obliga a las instituciones educativas a certificar competencias y a participar en evaluaciones periódicas junto con las empresas, lo que puede derivar en costos y esfuerzos adicionales de coordinación que actualmente no existen.

2. Efectos e impactos de la propuesta.

Uno de los cambios más significativos que introduce la reforma es el incremento en los costos asociados al contrato de aprendizaje, lo que puede afectar la sostenibilidad del modelo actual o desestimular su uso. A continuación, se presentas los tres principales impactos:

1. Aumento del apoyo de sostenimiento.

El auxilio de sostenimiento independientemente de la modalidad en la que se encuentra el aprendiz presenta variaciones al alza, a saber:

Formación dual. (Esta modalidad alterna desde el inicio la teoría y la práctica al interior de la empresa):

Primer año: El aprendiz debe recibir al menos el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV).

Segundo año: Debe recibir el CIEN POR CIENTO (100%) de un (1) SMLMV. 

Establece una progresión obligatoria del apoyo económico de sostenimiento en dos fases (primer y segundo año), con un aumento al 100% en el segundo año.

Formación tradicional. (Se divide la fase lectiva primero – formación en aula de clases- y luego una fase práctica en empresa):

Fase lectiva: Apoyo económico mínimo del SETENTA Y CINCO por ciento (75%) de un (1) SMLMV.

Fase práctica: Apoyo al CIEN POR CIENTO (100%) de un (1) SMLMV.

Establece un nuevo mínimo legal obligatorio en ambas fases; estableciendo un incremento que se iguala con el salario mínimo, sin depender de la tasa de desempleo.

Esto significa que los empresarios asumirán el costo completo de un salario mínimo, lo que representa un aumento significativo frente al régimen actual.

2. Afiliación a todos los subsistemas de Seguridad social.

Bajo el nuevo esquema propuesto, se exige que los aprendices estén afiliados a salud, pensión y riesgos laborales. Actualmente solo se exige la afiliación a salud y riesgos de acuerdo con la etapa en que se encuentre el aprendiz. Esto representa un importante incremento en los costos para las compañías, haciendo menos competitivo este tipo de contratación frente a otras formas de vinculación. Los incrementos asociados, se ven reflejados de la siguiente manera: